Encadenado a su grillete acústico. Foto tomada de Internet |
Realmente
sé poco de esos equipos de audio que desde hace un tiempo han aparecido en la
geografía humana de Cuba y que muchos se empeñan en usarlos a modo personal,
pues van por la calle matando canallas y a quien no son tan canallas a decibeles tan altos que parecería aquello un
disparate si no fuera el ruido tan agresivo.
Lo
peor es la selección musical, por lo general reggaetones de música incisiva y
letras faltas de respeto, denigrantes de la mujer y salpicadas con dos o tres malas
palabras por estrofa, nada que están a
la moda, aunque del peor modo.
Además
obligan al prójimo a escuchar lo que este no quiere, como mismo hacen los
musicalizadores en fiestas o actos públicos en los que apenas pueden intercambiarse
dos o tres frases porque nadie nos escucha, allí uno tiene la disyuntiva de abandonar el recinto o atormentarse a su
gusto.
En
cambio los altavoces ambulantes agreden por doquier, nos siguen, mejor dicho nos
persiguen y como el nivel de decibeles y estrés es tan alto ni siquiera cruzando una acera o torciendo el
rumbo nos libramos de ellos, pero no he visto ni a inspectores ni a agentes del
orden imponer una multa a esos infractores ni tampoco aconsejarles que bajen el
volumen del bombardeo acústico.
Esta
es una cuestión abordada en las reuniones de los barrios y en las rendiciones
de cuentas de los delegados del poder popular, pero hasta ahora, salvo en casos
aislados no he visto, reitero, tomar
medidas de índole persuasiva alguna.
Me
permito citar fragmentos del colega de Juventud Rebelde Yuniel Labacena Romero
con su comentario El ruido también ensucia.
Salvo en casos concretos de denuncias,
que se producen cuando la persona llega al límite de su paciencia ante ese
vecino o institución, sobre todo recreativa, que no deja vivir en armonía con
su música a volúmenes enormes, no se enfrentan las agresiones ruidosas. Quizá
por ello diversas organizaciones a nivel mundial han dispuesto legislaciones
sobre ese mal.
(…) La Ley 81 del Medio Ambiente, el Decreto Ley
141/1988, los códigos de Seguridad Vial y Civil..., por solo citar algunos, se
destacan entre nuestras leyes, resoluciones y reglamentos de carácter laboral,
ambiental, de seguridad vial y de salud relacionados con el ruido, su impacto,
medición y control.
Pero, ¿siempre se hace caso a esas
normas jurídicas? ¿Se aplican? No hay duda de que todo ese amplio cuerpo legal
puede ayudar a disminuir el nivel de afectación sonora, pero falta rigor en su
aplicación. Las legislaciones ayudan a resolver el problema y reordenar; pero
hay que divulgarlas para que se conozcan
y las personas puedan ejercer su derecho a exigir un ambiente más sano.
Ahora
solo falta cortar el pastel acústico y que cada cual reciba solo la porción que
merece para su estabilidad emocional y
auditiva
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